Vagabundo...cine con rumbo
Ciclo: "el puño de la mujer"
Miércoles 30 de marzo a las 19 horas
Camelia 149 Col. Guerrero (a dos cuadras del metro Guerrero)
La contrarreforma laboral, ¡No pasará!
El Partido Obrero Socialista declara su rechazo rotundo a la pretensión de imponer una contrarreforma laboral con base en la iniciativa de ley que la diputación priísta presentó en días recientes. En esencia se trata del mismo proyecto de ley defendido por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y se inscribe dentro del plan de contrarreformas anunciado por Calderón en consonancia con los dictados de los organismos financieros internacionales y la voluntad expresa de los grandes capitalistas.
Ya los especialistas se han encargado de criticar puntualmente el texto, demostrando que, de aprobarse, la ley federal del trabajo sería aún más una herramienta para la superexplotación de los trabajadores, cancelando derechos elementales y legalizando prácticas que instancias como la Organización Internacional del Trabajo han condenado por contraponerse a lo que se ha dado por llamar el "trabajo decente", que no es otra cosa que la aplicación de normas básicas para defender la dignidad del trabajador, su integridad física, su derecho a la libre organización y la posibilidad de acceder a una vida decorosa como retribución de su trabajo.
Los slogans utilizados para popularizar la iniciativa para contrarreformar la ley federal del trabajo hacen énfasis hipócritamente en que con ella se enfrentará la discriminación, el trabajo infantil, la simulación de las empresas subcontratistas; en realidad, no existe ninguna medida efectiva en la iniciativa priísta para erradicar las prácticas discriminatorias, tampoco para enfrentar el trabajo infantil; mucho menos se pretende acabar con la simulación de los "outsourcing", al contrario, pues se termina por legalizar la existencia de estos engendros para evadir las responsabilidades laborales y abaratar el proceso de trabajo al mínimo, a costa de hacer miserable el precio de la fuerza de trabajo.
Entre los aspectos más graves de la iniciativa que pretenden imponer los priístas en alianza con los panistas, los ecologistas y los esbirros de Elba Esther (Nueva Alianza), está la posibilidad de acabar con la estabilidad en el empleo, al instaurarse figuras como el contrato a prueba, el que sirve para la capacitación o el de labores discontinuas que legalizan el despido sin costo para el patrón, además de que permiten que en el mismo centro de trabajo, en la misma empresa los trabajadores tengan prestaciones desiguales. Se permitiría con la ley "propuesta" que ante los despidos ilegales los patrones sólo deban pagar el máximo de un año de salarios caídos, aunque el juicio se prolongue por más tiempo. Encima, la propia iniciativa introduce modificaciones procedimentales que tienden a alargar aún más los de por sí tortuosos juicios.
Otra afrenta de graves consecuencias sería la que establece que en un recuento de los trabajadores, los votantes serán aquellos que reconozca el patrón, por medio del listado que él mismo exhiba, perpetrándose así una evidente intromisión en la vida sindical por parte de los empresarios.
A su vez, en diversos artículos del texto presentado por los priístas se abre la puerta a la ruptura de la bilateralidad en las relaciones laborales y sentando las bases para que la contratación colectiva pueda ser vulnerada y eventualmente convertida en letra muerta al permitir que los trabajadores fijen individualmente en negociación con el patrón sus condiciones de trabajo.
Esta ofensiva llega a lo grotesco al admitir la fijación del salario mínimo por hora, lo cual también le daría base legal a la imposición de salarios aún más miserables, cuando la jornada también sea flexibilizada y se pague ya no un día de salario sino unas cuantas horas. ¡Con base en el salario mínimo actual, la hora se podría calcular el pago de horas de trabajo a 7.50 pesos cada una!
Las anteriores son sólo algunas de las afectaciones más graves para los trabajadores de ser aprobada la iniciativa de los priístas.
No está de más señalar que, como es propio de los regímenes antidemocráticos, la iniciativa no fue discutida, no hubo consulta de por medio, contra lo que dice el secretario del Trabajo, Javier Lozano, que ridículamente asegura que lleva años recibiendo opiniones de sindicatos y patrones.
El texto presentado por los priístas es en realidad la misma iniciativa que el propio Lozano había manejado semanas atrás y se trata de un dictado de los grandes empresarios y de los organismos financieros internacionales.
No faltará quien opine que de cualquier forma la actual ley es inoperante y que lo mismo que se establece en la iniciativa priísta y de Lozano es lo que se aplica cotidianamente en contra de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, es preciso darse cuenta que con la aprobación de la contrarreforma se harán legales dichas violaciones y los trabajadores ya no tendrán recursos jurídicos para defenderse, como ahora lo pueden hacer, a pesar de los obstáculos y maniobras en las juntas de conciliación y los mismos juzgados y tribunales.
Por otra parte, también existe el riesgo de que un sector de los trabajadores organizados y sus direcciones sindicales piensen que por contar con buenos contratos colectivos de trabajo o contratos ley, las afectaciones de la nueva ley no serán para ellos. También ese es un error, pues las afectaciones impactarán a todos los trabajadores, aspectos como la ruptura de la bilateralidad y la negociación individual de las condiciones de trabajo, así como el establecimiento de los contratos flexibles para el despido gratuito, debilitarán gravemente a las actuales organizaciones sindicales genuinas e irán erosionando su fuerza hasta volverlas vulnerables a golpes que pueden llegar hasta su misma desaparición.
Nuevamente, como cuando se dio el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, con la desaparición por decreto de la Compañía de Luz y Fuerza, la pregunta es ¿cómo se puede lograr detener una imposición que se encuentra tan amarrada entre los diputados de los partidos mayoritarios y cuenta con el respaldo del gobierno y los charros de las centrales tradicionales?
La respuesta no es sencilla, pues se requiere hacer uso de una gran fuerza para impedir que se concrete el golpe. Los sindicatos que se reclaman independientes agrupan a cientos de miles de trabajadores y aunque no representan a la mayoría de los trabajadores, pueden ser una referencia para quienes están bajo el control de los líderes charros, así como para aquellos que ni organización sindical tienen.
Los mineros y los electricistas tienen una gran responsabilidad en esta coyuntura, pues se trata de los contingentes de trabajadores que libran las batallas más importantes en este momento, que en los hechos se oponen a la ofensiva patronal y del gobierno; también los telefonistas, los sindicatos universitarios, así como el resto de los integrantes de la Unión Nacional de los Trabajadores tienen en sus manos la tarea de convocar a una lucha frontal contra este nuevo ataque antilaboral y antisindical, preparando las condiciones para llevar a cabo movilizaciones en todo el país, inclusive paralizando sus actividades y tomando las calles y las plazas públicas para acumular la fuerza necesaria para detener el embate.
Estas organizaciones y otras agrupaciones sociales han acordado un primer plan de acción, pero sin fijarse aún un rumbo claro, el cual debe ser definido de inmediato en camino a la paralización nacional y la obtención del respaldo social a esta lucha. Por eso es muy importante incluir en el llamado y las acciones a los desempleados, a los trabajadores que no tienen organización ni prestaciones y los jóvenes que pronto podrían incorporarse al mercado de trabajo.
La mayor unidad de los trabajadores en esta batalla, así como la solidaridad internacional son condiciones para el triunfo. Vamos todos a construirlas e impulsarlas, en defensa de nuestros derechos, en beneficio de las próximas generaciones.
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